Cuando un particular comete una infracción ambiental, por leve que sea, no solo es sancionado por las administraciones públicas, sino que, cuando ha construido, tiene obligación de demoler y reponer las cosas a su pristino estado.
Cuando eso mismo lo hace Administración Pública y el resultado del pleito -puesto por los ecologistas- es que la administración pública, no los particulares, tiene que hacer indemnizaciones de más de 200 millones de euros, lo que acaba pasando es distinto.
A mí me parece que estamos ante un trato desigual y ante una forma de beneficiar a las administraciones públicas que no se aplica nunca a los particulares.
Creo que hay demasiados socialistas y está está listas dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Hace mucho tiempo que vengo diciendo que hay que suprimir la Jurisdicción Contencioso-Administrativa porque está llena de jueces está está listas y socialistas.
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo no hay igualdad de partes ni en el proceso ni en los resultados.