Desde el momento en que la imputación de la Infanta ha convertido el caso Urdangarín en un asunto de Estado, me parece claro que el caso debe ser instruido por el Tribunal Supremo y resuelto en una única instancia, porque esta es la única manera de que no se prolongue. Si para eso hace falta modificar las leyes en orden a que el juez instructor sea a partir de ahora un magistrado del Tribunal Supremo, habrá que hacerlo y es una obligación de cualquier gobernante sensato que quiera preservar la estabilidad de la Constitución.
