El Juez universal

Que en España la Administración de Justicia tiene males endémicos que ningún político (ya sea del PP o del PSOE) quiere remediar, lo demuestra la ya larga historia de un juez que un día es político y al otro juez internacional sin que aquí pase nada. Garzón fue presentado en su día por Felipe González al electorado como el heredero de Falcone (había demostrado coraje para arremeter contra Al Kassar, la UCIFA, etc.) y lo designó para que fuese su “número 2” en la lista por Madrid por delante del mismísimo Javier Solana. Una campaña electoral (1993) en la que la generalizada corrupción del PSOE impedía a la izquierda repetir en el Gobierno si, para quitarse el olor, no se rodeaba de jueces. Ganaron de milagro (Aznar lo hizo fatal en TV) pero ganaron. Como Garzón no era útil después de las elecciones, su rango tampoco pasó de Secretario del Plan Nacional sobre Drogas. Ante tan estrepitoso fracaso, se volvió al Juzgado (1994) y reabrió el caso GAL. Hubo protestas pero el Consejo General del Poder Judicial amparó la actuación de Garzón. Se desclasificaron los “papeles del CESID”. No le vino mal al PP: llegó al poder en 1996. Aznar cambió la Ley para evitar que los jueces volvieran de la política a la judicatura pero no limitó el mandato de Garzón ni el de los jueces de instrucción ni el de la Audiencia Nacional. Garzón siguió persiguiendo a la delincuencia que hace famoso. Ordenó la detención de Pinochet (1998), cerró Egin (1998), quiso procesar al primer ministro de Italia (2001), investigó las cuentas del BBVA (2001) y ordenó el arresto de Bin Laden (es una pena que no lo haya encontrado). Al lado de todo esto, el narcotráfico y la ETA resultan operaciones menores. Aznar no se atrevió con Garzón ni siquiera cuando el juez publicó en El País una carta abierta dirigida al Presidente del Gobierno (4.3.2003), en la que le recriminaba por la guerra de Irak y en la que se jactaba de su actuación: “como no aspiro a ningún puesto, ni a ningún nombramiento, y ni tan siquiera me preocupa perder el que ahora tengo, disfruto de la libertad suficiente para escribir y decir “Basta Ya””. Si esto lo hubiera hecho cualquier otro juez ¿qué habría pasado? Compárese con Gómez de Liaño (juez central de instrucción, condenado por prevaricación por el Tribunal Supremo en sentencia que ha sido revisada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) o con la inexplicable condena al juez Ferrín por supuesto retraso malicioso de la administración de justicia. Hasta 2007 Garzón estuvo menos activo porque, además de su periplo fuera de España, aquí había una tregua con ETA y antes de meter en prisión a 17 de los 23 detenidos de Batasuna había que comprobar, como dijo en un Auto (El Mundo, 8.10.2007) si era real la voluntad de acabar con la violencia terrorista. Lo que todo el mundo entendió como un eufemístico modo de referirse a la sintonía de la actuación judicial con la política gubernamental. Luego ha abierto una nueva causa general de la guerra de España buscando a los culpables de 114.266 supuestas desapariciones (El País, 17.10.2008), en la que ha hecho el ridículo procesal al esperar hasta 2008 para pedir al registro civil el certificado de defunción del Jefe del Estado, cuando es así que él propio Garzón se refiere en su libro “La línea del horizonte” la muerte de Franco. Y porque, si no sabía que Franco había muerto, lo que tenía que haber hecho era ordenar su detención (como la de Bin Laden). El ridículo es tal que el propio Ministerio Fiscal ha acusado a Garzón de “burlar las leyes para lograr sus fines” (El Mundo, 21.10.2008). Al mismo tiempo Garzón rentabilizaba su popularidad escribiendo cuentos (“Cuento de Navidad”), “ensayos” (“Un mundo sin miedo”, “La lucha contra el terrorismo” y “La línea del horizonte”) y dando conferencias en Estados Unidos, tan bien pagadas que el Tribunal Supremo ha recabado información sobre sus cobros (El Mundo, 5.11.2008) pues al parecer alguien se ha querellado con él por cohecho y prevaricación (El Mundo, 7.11.2008). Este es el juez imparcial que ustedes deben juzgar por sí mismos –la justicia emana del Pueblo- utilizando el criterio escrito por el propio Garzón el 11.09.1995: ”el juez, en el ejercicio independiente de su labor, ha de huir de estas voces de apoyo o críticas, sean políticas o sociales, porque la instrumentalización de la Justicia no halaga más que la vanidad y, a la larga, busca y consigue el entorpecimiento de su ejercicio”.

Tu legem patere quam fecisti

Aunque Garzón debería dejar el juzgado central de instrucción y dedicarse a ganar el premio nobel de la paz trabajando como autónomo, el problema de la justicia penal en España no es Garzón sino la casta de los políticos profesionales. La casta judicial, en la que se ingresa por oposición o por concurso, pero no por elección popular, es todo menos democrática, pero tiene una peculiaridad: está sujeta a la Ley. Y las leyes las hacen los políticos. La casta dominante es la partitocrática, en la que se ingresa a dedo, siendo las elecciones sólo un mecanismo de legitimación de los candidatos impuestos al Pueblo. Por eso resulta preocupante ver cómo en la sede del Partido más votado, el PP, se congrega para una foto todo un tropel de políticos de lista cerrada, lo más ilustre de la casta en la Derecha, recusando políticamente a un juez que ellos mismos han mantenido en su puesto. Si Garzón ocupa el juzgado central de instrucción número 5 es porque todos los de la foto, mientras estuvieron en el poder, y esto fue durante 8 años (4 de ellos con mayoría absoluta) no hicieron nada por reformar ni la Audiencia Nacional y su estructura ni tampoco las cuestiones esenciales del procedimiento criminal. El problema del que ahora se quejan viene de lejos y lo han causado ellos. Viene de 1977, de los albores de la pre-democracia, cuando los democristianos crearon un tribunal especial. Pero ahora ¿es tan necesario? Se me ocurren no pocos remedios legislativos que la casta política podría imponer a la casta judicial para limitar legítimamente su influencia y ninguno pasa por montar una manifestación de cargos electos en las puertas de la calle Génova. El mejor es que los juzgados centrales de instrucción sean ocupados por jueces cuyo mandato esté limitado en el tiempo: si el Presidente de Estados Unidos ocupa su cargo 4 años y un Magistrado del Tribunal Constitucional no está allí más de 9 años (en teoría) a mi me tienen que explicar por qué un juez central de instrucción puede estar en su puesto eternamente. Este es sólo uno de los cambios necesarios. Hay muchos más. La casta política padece ahora el fruto de sus negligencias de antaño. Si hubieran hecho sus deberes desde 1996 hasta 2004, ahora no tendrían que manifestarse para que les cambien el juez.