A lo mejor ustedes creen que las peticiones internacionales de datos fiscales, que unas agencias tributarias lanzan a otras, son motivadas y están sujetas a control judicial.
Pues no es así. Las agencias solicitan información a otra agencia, que opera como si fuera una mera base de datos, no una Agencia, y la manda automáticamente al que la solicitó. Así que, si la pidió por deporte, o para ver qué pesca, obtendrá el dato sin ningún control judicial.
Esto se va acabar. El informe de la abogada general al que hace referencia la noticia expone claramente que estamos ante una violación de los derechos fundamentales y ante una limitación de la tutela judicial, toda vez que el acto tiene trascendencia en sí mismo.
No basta con poder impugnar la liquidación, es necesario podrá impugnar también la solicitud del propio dato. La sentencia tendrá que remediar un problema nacional por la vía Europea.
Un caso más de arbitrariedad de la Agencia Tributaria española que hay que arreglar fuera porque los tribunales españoles son incapaces de poner remedio y de estar del lado del contribuyente. Siempre están del lado del Estado porque están influenciados por una ideología estatalista.