Resulta totalmente inadmisible y es una fuente de corrupción que genera delitos de prevaricación, porque los incentiva, el que los inspectores de Hacienda y los demás funcionarios de la Agencia Tributaria cobren por objetivos. Si la Agencia Tributaria tiene objetivos de recaudación, me parece bien.
Pero lo que no me parece correcto es que se diga por la mañana que hay que recortar los salarios de los banqueros vinculados objetivos, porque distorsionan la objetividad en el funcionamiento de las entidades, y en cambio que cuando se trata de valorar la situación objetiva y con arreglo a derecho de los funcionarios públicos se les pague en función de la cantidad líquida que liquiden o recauden.
Cuando a una persona se le incentiva por recaudar más, se le está poniendo en bandeja que, a la hora de decidir, en lugar de decantarse por el Derecho y la legalidad, opere en su propio beneficio.
Resulta claro que se pierde del todo la objetividad de la actuación de los funcionarios públicos y además se fomenta el que se pongan sanciones injustificadas sólo para repartirse la llamada «productividad».
Me parece que es causa continuada de anulación de cualesquiera liquidaciones o sanciones tributarias que el sueldo de inspector o del gestor de Hacienda esté vinculado en cualquiera que sea la manera al importe de la liquidación.
Los tribunales deben tomar muy en serio la necesidad de anular estas liquidaciones.
Creo además que los funcionarios deben poner de relieve en las actuaciones tributarias en qué medida la liquidación va a estar vinculada a sus retribuciones, porque el sujeto pasivo tributario tiene derecho a conocer toda la información que deriva del expediente y desde luego el régimen de retribución del funcionario influye en modo notorio en cómo termine el procedimiento.
En suma: creo que debe establecerse por ley que de ninguna manera el sueldo de cualesquiera funcionarios públicos dedicados a las liquidaciones o a las sanciones esté vinculada a objetivos de recaudación.
