Cuando los políticos, con la anuencia de las Cortes Generales, prohíben a los medios de comunicación publicar las fotografías de las retenciones practicadas por la Policía Judicial y la Guardia Civil, con o sin orden judicial previa, no están protegiendo a las personas detenidas respecto de la posible lesión a su honorabilidad, sino que se están auto protegiendo para poder incrementar su poder político y detener arbitrariamente. cuando un político, o un policía, un guardia civil, un juez, o cualquiera, puede practicar detenciones y en cambio no se pueden sacar fotografías de esas detenciones, el resultado que se produce es que se puede detener a cualquiera prácticamente sin responsabilidad como porque no habrá control de la prensa de la referida actividad, que es un ejercicio claro del poder político, como todo ejercicio del poder, resultar arbitrario e incluso delictivo. En consecuencia, quien tiene que proteger la honorabilidad del detenido es que no detiene, no la prensa. Quien tiene responsabilidad por una detención arbitraria es el que practica la detención, y por tanto al prohibirse la fotografía o el reportaje en video de cuando ésta se practica, lo que está buscando el que ordena esta prohibición no es proteger el honor del detenido, que es cuestión de la que tiene que ocuparse quien realiza la detención, sino proteger su propia responsabilidad respecto de las posibles arbitrariedades que haya cometido, impidiendo los medios de comunicación ponerlas en conocimiento del público.
