En 2011 el 50,10% de las reclamaciones económico-administrativas fueron ESTIMADAS O DEVUELTAS. Es decir, la mitad de las liquidaciones ESTABAN MAL.
Siendo esto así, hay que DEROGAR la presunción de legalidad de los actos administrativos porque no es de recibo que la AEAT aplique el verdadero principio jurídico: «si quiere, que recurra» y se aproveche de su capacidad sancionadora y de ejecución.