
Como todo el mundo sabe (literalmente todo el mundo, porque el escándalo ha sido mundial), el 18 de enero de 2026 se produjo en Adamuz un accidente ferroviario en el que murieron 45 personas.
El accidente vino acompañado, el día 20 de enero, de otro accidente ferroviario en Gelida, en el que murió el maquinista.
Pasados los días, ha quedado claro que la causa del accidente, en ambos casos, es, con toda probabilidad, a la espera del informe final, el mal estado de conservación de las infraestructuras, no el mal estado de los trenes.

El informe final puede cambiar, pero todas las averiguaciones hasta ahora realizadas excluyen cualquier defecto en la operación humana de los maquinistas o el mal estado de los trenes. En las ruedas de varios trenes que circularon por esa misma vía pueden apreciarse golpes con tramos rotos de vía.
Existe ademas consenso total, avalado por la exposición pública de las grabaciones de las conversaciones de los empleados ferroviarios con la central de ADIF, en cuanto a que los sistemas de detección y comunicación de accidentes, así como la gestión de los mismos, ha sido un desastre.

Por si fuera poco, no hay duda alguna en cuanto a que el anterior Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, del PSOE, está en prisión preventiva porque está investigado por la posible comisión de delitos contra los patrimonios públicos, por negociar con mascarillas.
Los magistrados del Tribunal Supremo abrieron causa contra Abalos —el 7 de noviembre de 2024—, al ver indicios de cohecho, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.[43]
Leopoldo Puente, magistrado del Tribunal Supremo , que instruye la causa del caso Koldo por la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas y material sanitario durante la pandemia, impuso el 20 de febrero de 2025 diversas medidas cautelares a José Luis Ábalos, entre otras: retirada del pasaporte, prohibición de abandonar España, y obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, mientras continúe en calidad de investigado.[44]
El 13 de marzo de 2025, el Tribunal Supremo amplió la investigación abierta a José Luis Ábalos, a su expareja Jessica Rodríguez. La investigación se centra en la contratación de Jessica por parte de las empresas públicas Ineco (dependiente del ministerio de Transportes) y Tragsatec (dependiente del ministerio de Agricultura), en el periodo 2019-2021. Jessica cobró el salario mínimo interprofesional, a pesar de que ella nunca fue a trabajar a las citadas empresas, como ella misma afirmó en calidad de testigo.[45]
FUENTE: Wikipedia
También está investigada Pardo de Vera, antigua presidenta de ADIF.
Consta además a todo el mundo que en España desde 2023 hasta hoy no se han aprobado los presupuestos generales del Estado, con lo que venimos viendo cómo la inversión pública y la planificación de la conservación es imposible, no ya porque los políticos no se pongan de acuerdo, sino porque el gobierno ni siquiera se ha dignado a presentar una ley de presupuestos.
El efecto que se produce es que las infraestructuras, no sólo las de los trenes, están infraconservadas, al tiempo que son cada vez más utilizadas, porque la productividad de los españoles aumenta cada día.

España pierde ademas prestigio internacional. Nuestra red de alta velocidad, que era un orgullo, es ahora una pena, por culpa de los ineficientes que nos gobiernan. Da igual cuál sea el partido político: estamos en manos de patanes. Por ejemplo, Arabia Saudita ha suspendido el contrato para la construccion del AVE a La Meca como consecuencia del accidente de Adamuz.
La suma es letal, en el sentido más neto de la palabra: la gente muere por defectos de gestión. Y esta es la clave de este post: las dimisiones son necesarias por razones de gestión, no por razones políticas.
Olvidemos por un momento la política. Prescindamos -y ya es prescindir- de que el PSOE es una estructura de pecado (lenocinio, latrocinio, mentira…) y de que abusa de la buena fe constitucional para gobernar. Limitémonos a la gestión y asumamos que sin presupuesto otros lo harían necesariamente igual de mal (lo cual no es necesariamente cierto, porque por lo menos serían honrados, lo que añade mucha cualidad al resultado).
Incluso así, el efecto que se está produciendo con la continuidad en sus cargos no sólo del Ministro sino de toda la cúpula del Ministerio, de los altos cargos de ADIF y de los responsables de RENFE (recuerden que el famoso Koldo, aizkolari, guardaespaldas y portero de discoteca fue miembro del Consejo de RENFE), supone que la gestión pública de la seguridad de las vías y de los trenes, seguirá en manos de ineptos.

Ese el el problema: la ineptitud. La dimisión de Puente y compañía es necesaria, al margen de la política, por razones de ineficiencia en la gestión pública. Si después del accidente de Adamuz seguimos en manos de gentes que no dan la talla, no sólo no hemos aprendido nada, sino que se volverán a producir más accidentes. Y a quienes no están a la altura de las circunstancias hay que quitárselos de encima.
Si no se marchan solos por vergüenza, hay que echarlos. Cuanto antes. Ya. Ahora. Si el PSOE no es capaz de profesionalizar las personas al cargo de la gestión, estará reconociendo que la permanencia en los cargos no depende de la gestión, sino de otras razones que, como no se han explicitado, deben considerarse inconfesables.

