La creación de tribunales populares por la vía de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin modificar la Constitución es un atentado contra la Constitución misma y contra la independencia judicial, que violenta la separación de poderes y constituye España en una dictadura socialista. Una dictadura anticuada, de las del estilo del antiguo bloque soviético, una república de Checas, de Soviets, de comités (ustedes deben saber que en ruso «Soviet» no significa otra cosa que comité o comisión). Como en la Rusia de otro tiempo, como en el comunismo fracasado, el socialismo moderno, el de los nietos de Stalin, vuelve a los Soviets, a una reunión de miembros del Partido para cancelar a los que piensan de modo distinto: meten en la cárcel a los que no se ajustan a las directrices cotidianas del partido. Recuerden el artículo 58 del Código Penal de la Unión Soviética: la clave era la utilización conjunta de un artículo con contenido indeterminado y de unos jueces muy bien determinados para condenar a los enemigos del socialismo, que ellos llamaban enemigos del Estado.
La independencia judicial es el pilar sobre el que descansa el Estado de Derecho y, si se acaba con la libertad de los jueces, se acaba con todo. El Partido Socialista empezó ya a terminar con esta libertad en 1986, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, la llamada a «Ley Ledesma», que derogó la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de UCD, y que por primera vez entregó todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial a la lucha y designación partidista. Fue entonces cuando Alfonso Guerra dijo que «Montesquieu ha muerto». Pero no había muerto: lo habían matado. El Tribunal Constitucional, en una sentencia 6 para 6, en la que la cuestión se dirimió por el voto de calidad del presidente, hizo notar la inconstitucionalidad del sistema al mismo tiempo que lo daba por válido, con un fallo que se calificó de esquizofrénico, dictado en un tipo de recurso, que ahora no existe para leyes, llamado «recurso previo de inconstitucionalidad». Después los dos partidos socialistas, o sea el PP y el PSOE (porque el PP es socialismo light) han mantenido el sistema, para controlar a los jueces, de tal modo que pudieran colocar a los que les resultasen afines. Por eso es por lo que se están peleando.
La única manera de solucionar el problema es volver al diseño original de la Constitución, en el que 12 de los miembros del Consejo General del Poder judicial son elegidos por los propios jueces y sólo 8 más y el presidente son elegidos por los políticos.
A día de hoy el sistema se ha enquistado del todo y, si ustedes creen que funciona bien, están completamente equivocados.
Si creen además que el Tribunal Constitucional va a arreglar la felonía de que los jueces sean designados por cualquier organismo que no sea el Consejo General del Poder Judicial, van apañados. Porque la politización del Tribunal Constitucional en la actualidad es extrema: está completamente controlado por la izquierda. Recen lo que sepan porque sólo Dios nos sacará de este hoyo profundo en el que nos han metido los partidos siniestros. Repito que uno de ellos es el Partido Popular.