La Prensa vuelve a denunciar una situación que parece que no tiene remedio. Pero se olvida de que la Administración de Justicia protege a las demás Administraciones con su mal funcionamiento. Los culpables de la morosidad de las Administraciones Públicas son los Jueces. En las leyes no hay nada que mejorar. Con las leyes en la mano, en menos de seis meses, incluso agotando todos los plazos, prueba incluida, tiene que haber Sentencia. Y si el Ayuntamiento, Comunidad Autónoma o Estado no paga en dos meses a contar de la notificación de la Sentencia, el Tribunal puede acordar por sí mismo el pago con cargo al presupuesto del organismo incumplidor, sin intervención de ningún político o funcionario. Si fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, tiene que estar aprobada en 3 meses (aunque se trate de los Presupuestos Generales del Estado). La cantidad a pagar se incrementa con el interés de la ley de morosidad. Si no se ha pagado en otros 3 meses, el Tribunal puede incrementar en dos puntos el interés. Además puede solicitar que la cantidad a satisfacer se compense con créditos que la Administración ostente contra el recurrente. A las autoridades o funcionarios que no cumplan la Sentencia el juez les puede imponer multas coercitivas que van desde 150,25 a 1.502,53 y reiterarlas hasta que se haya pagado todo. ¿Pero es que hace falta algo más? Si: que los Tribunales funcionen. Para tener más detalles, lee el viejo artículo «Los tribunales son culpables de la morosidad de las administraciones públicas».