Con los socialistas, a veces uno no sabe si reír o llorar. Ahora el socialismo quiere repartir la salud. No les basta con repartir el dinero. La envidia quiere la salud ajena. Naturalmente, por medio del Boletín Oficial del Estado. Hoy se publica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15623), que no deroga ninguna otra: es una ley nueva. Se basa toda ella en el “Principio de equidad”. Literalmente, consiste en que “las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto. Se considerará la equidad en todos los informes públicos que tengan un impacto significativo en la salud de la población. Igualmente, las actuaciones en materia de salud pública incorporarán la perspectiva de género y prestarán atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad”.
Lo que quiere decir esta nueva ley es que ahora la salud se reparte. No es de uno: es de todos. Es “salud social”, un bien común. Al final, de lo que se trata es de lo de siempre con el socialismo: de obtener ventaja económica sin trabajar. Pero sin robar: lo que se hace es instrumentar el presupuesto. Como el crédito es público (claro que pagado con impuestos) y lo de todos es apropiable por medio de “políticas de igualdad”, al final no se reparte salud sino dinero. Pero ojo: la ley aquí da un paso más: ahora se reparte también lo que no es público, sino empresarial. Los socialistas quieren repartirse las empresas. Saben que no son suyas, pero con cuatro subterfugios, una falacia y el BOE, pueden apropiárselas: ya no es latrocinio sino legalidad. El artículo 6.3 dice así: “la enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública”. O sea, que la enfermedad da derecho a trabajar. Y como es evidente que los enfermos no pueden trabajar, a lo que da derecho es a cobrar (sin trabajar, pero con puesto de trabajo). Lo de siempre con el socialismo. Y no les critiques, porque criticar al socialismo es “discriminar”. El uso del lenguaje lleva a estos extremos.
¿Y quién paga? Hay que llegar a la disposición adicional quinta para leer: “las prestaciones que establece esta ley se financiarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”. O sea, se financiarán por las comunidades autónomas “sin perjuicio de la existencia de un tercero obligado al pago”. Lo de siempre: se financiarán como todo en este país: gratis para el usuario, carísimo para el pagador de impuestos debido a la pésima gestión de lo público, y peligroso para todo patrimonio al que se le pueda repercutir. El socialismo en acción.