La Ley Concursal es mucho peor que la vieja Ley de Suspensión de Pagos

El lamentable día de 1 de septiembre de 2004 entró en vigor, justo a tiempo para la crisis, una pésima ley: la ley concursal. Era fama que esta ley iba a arreglar todos los defectos de la vieja Ley de 26 de junio de 1922 (Ley Cambó). No ha sido así. La experiencia demuestra que la nueva ley en vez de solucionar los problemas de las sociedades concursadas, los empeora y las aboca a la liquidación. Se echa con frecuencia la culpa a las empresas de acabar liquidadas. No es verdad. Quien causa el problema es la ley. La razón es esta: en el nuevo procedimiento concursal todo depende del Juzgado de lo Mercantil. La ley parte de la base de que los juzgados de lo mercantil funcionan bien. Es todo lo contrario. La principal rémora de todos los concursos que hay en España son los Juzgados de lo mercantil. Tengo experiencia directa de sociedades que son liquidadas poco a poco por los mismos que tendrían que salvarlas porque la ley concursal les obliga a vender activos para pagar la masa (o sea, a los acreedores que han llegado después de que se declarae el concurso) en vez de a los acreedores concursales (o sea, los que tenían créditos frente a la concursada antes del concurso). Esto se produce porque los incidentes concursales (un procedimiento especial) se multiplican Y EL JUEZ NO LOS RESUELVE. El resultado es que la dilación del juzgado es la ruina de la empresa concursada y también de sus antiguos acreedores porque no pueden firmar, ni siquiera presentar, convenio alguno, hasta que el Juez se digne a resolver los incidentes. Mientras, la masa crece, porque la empresa teóricamente no está en liquidación, pero, como hay que pagar con preferencia a los acreedores de la masa, el resultado es la liquidación, aunque por otra vía: POR LA VÍA DEL RETRASO JUDICIAL. Con esta ley, la dilación del juzgado es la ruina de la empresa concursada y de sus acreedores. No hace falta, por tanto, cuando venga el PP, otra “reformita” de la ley concursal. Lo que hace falta es mandar a la porra al juzgado y dejar a los acreedores y a la concursada que firmen cuanto antes un convenio. Es decir: hay que volver a la ley Cambó. La nueva ley se ha demostrado muy mala.

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