Es obligación del Gobierno proteger las empresas españolas. Esto es claro: si una empresa afincada en una «comunidad autónoma» secesionista se ve coaccionada por los caciques locales a callar frente al error empresarial que supone asumir el efecto soberanista, las Cortes Generales deben proteger al empresario frente a los abusos y coacciones que traen causa de presiones políticas injustificadas. ¿Y cómo hacerlo? Muy fácil. Deben eliminarse las trabas jurídicas y fiscales para trasladar el domicilio social de las empresas. Así, si por ejemplo en Murcia quieren revitalizar el cantón de Cartagena, las empresas murcianas podrán trasladar su domicilio social a -pongamos- Toledo, donde no hay riesgo soberanista. Para eso tiene que eliminarse el requisito de que el domicilio social se encuentre donde esté el centro principal de actividad y deben eliminarse los problemas fiscales paralelos, haciendo que la operación societaria pueda realizarse sin coste alguno. De esta manera, en poco tiempo, se verá si la democracia empresarial realmente está tan de acuerdo con el secesionismo forzado. Puede que esta medida sea incluso más eficaz que poner en marcha los mecanismos constitucionales de defensa institucional, porque las «comunidades autónomas» secesionistas se quedarán sin dinero. Imaginen qué pasaría si, por ejemplo, el BBVA empezara a tributar en Madrid. Vaya chasco para Urkullu.