Dicen que los jueces se controlan por otros jueces. Institucionalmente es verdad, pero realmente no, porque antes hay que formular acusación frente a ellos y eso tiene que hacerlo una persona privada. Está visto que las instituciones oficiales, léase Consejo General del Poder Judicial, no proceden de oficio a inhabilitar jueces a pesar de que hayan encontrado motivos en las actuaciones. Sólo cuando alguna persona privada pone presión, la causa continua. El efecto que se produce es que, como apenas hay personas privadas dispuestas enfrentarse jueces, la Judicatura española ha venido perdiendo calidad durante mucho tiempo. No se trata sólo de expulsiones, sino también de sanciones.
