El 5 de enero de 2020 Pedro Sánchez, engañando a media humanidad y con un programa completamente distinto del que había prometido durante la campaña electoral, fue promovido la condición de presidente del Gobierno.
El 13 de marzo de 2020 el mismo Pedro Sánchez, aprovechando una pandemia, declaró un inconstitucional estado de alarma. Porque la ley del Estado de Alarma permite confinar territorios pero no arrestar a todos los españoles en su casa.
El Partido Popular, cuyo complejo de inferioridad es más que notorio, votó a favor de las medidas del PSOE. No de Unidas Podemos. Del PSOE.
Los partidos políticos mayoritarios tuvieron arrestados domiciliariamente a todos los españoles durante un largo e inconstitucional periodo de tiempo.
Durante este periodo los tribunales se inhibieron. El Tribunal Constitucional dejó de reunirse. Y el Tribunal Supremo se declaró incompetente para valorar tanto el decreto de estado de alarma como las órdenes ministeriales que lo desarrollaron.
El efecto que se ha producido es que en España el estado de alarma no ha sido objeto de revisión jurisdiccional durante meses y no lo será durante años.
Así que el PSOE empezó a gobernar por decreto-ley. Como el Tribunal Constitucional no se reunía, se dedicó a sacar decretos-leyes uno detrás de otro para hacer lo que bien le parecía.
Una vez más el PP se convirtió en comparsa del PSOE y le hizo el juego convalidando todos los decretos-leyes excepto uno, el relativo a la financiación municipal. Pero no se opuso por convicción propia, sino por presión de los ayuntamientos.
El efecto conjunto que han producido la sumisión del PP al PSOE y la inacción de los tribunales ha sido que el gobierno del PSOE se ha encontrado con las manos libres para operar al margen de la Constitución.
Y el resultado que tenemos es que ahora no vivimos en estado de alarma sino en un Estado de Alarma. Es decir, en una situación de perpetua alarma que lo justifica todo. El derecho ha saltado por los aires.
Madrid ha sido confinado por una resolución que se impone a una comunidad autónoma, contra todo orden constitucional de competencias, y contra todo rango, por medio de un decreto-ley que nunca pudo dictarse, porque ese sí debió ser un decreto de alarma.
España y su orden jurídico es hoy el propio de un Estado de Alarma, de un Estado en el que el derecho ha sido pisoteado por normas de emergencia y en el que la Constitución ha reventado.
La culpa de todo esto es un poco de todo el mundo, pero es especialmente culpable el Tribunal Constitucional.
No es de recibo que los procedimientos actualmente en tramitación estén durmiendo el sueño de los justos, o esperando a ver qué pasa en el Tribunal Supremo con la denuncia que la Guardia Civil puso a uno de sus magistrados.
El Tribunal Constitucional debe dar la talla y ocuparse con preferencia, urgencia y sumariedad de las barbaridades constitucionales que se están cometiendo sobre nuestro suelo.