El Gobierno Rajoy corre un riesgo innecesario al aprobar la reforma laboral usando el Decreto-Ley. Probablemente es inconstitucional.

Hay cosas difíciles de entender y una de ellas es que un Gobierno con mayoría absoluta corra riesgos innecesarios en reformas tan importantes como la del mercado laboral. Estimo que la reforma es valiente, adecuada, necesaria y, más aún, tímida: se debió ir más allá. Precisamente por eso me parece absurdo que el Gobierno no haya tenido en cuenta que la reforma laboral de Aznar, aprobada por el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, fue declarada INCONSTITUCIONAL por la Sentencia 68/2007, de 28 de marzo, del Tribunal Constitucional (TC). Porque los mismos motivos que llevaron al TC a declarar la inconstitucionalidad del referido Real Decreto-Ley de 2002 están presentes en el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que ha aprobado el Gobierno Rajoy.
Personalmente creo que las medidas adoptadas son tan importantes, y tan estructurales, que su aprobación por Decreto-Ley y sin debate parlamentario, en especial sin que el Senado vaya a tomar parte en la decisión (a menos que el Decreto-Ley luego se tramite como ley) difícilmente responde a los estándares de extraordinaria y urgente necesidad establecidos por el TC. Se está corriendo un riesgo innecesario y hubiera sido preferible seguir el procedimiento legislativo de urgencia. Lo cual, con mayoría absoluta, no es un problema para nadie. Es verdad que el TC tardará años en dictar Sentencia. Puede que incluso diez, como viene siendo habitual (en el caso mencionado fueron cuatro). Es verdad que si hay o no “extraordinaria y urgente necesidad” es cuestión siempre muy dudosa y que depende mucho de los Magistrados del momento. Es verdad que cuatro Magistrados del TC van a cambiar muy pronto y que con ellos puede cambiar la jurisprudencia o las valoraciones. Pero sobre todo es verdad que estamos ante medidas estructurales y que la Constitución obliga a que las medidas estructurales sigan el procedimiento legislativo ordinario. No el de emergencia.
La reforma de las condiciones de trabajo no es materia para el Decreto-Ley. Rajoy está dando argumentos a los vagos que tiene enfrente para que tomen la calle alegando inconstitucionalidad, y eso es dar muchas oportunidades al adversario político. La experiencia es además que los proyectos mejoran en las Cortes Generales, no empeoran. Las medidas se hubieran podido endurecer sin ningún problema y sin la contestación social que ahora van a tener. Y, en fin, con debate parlamentario las elecciones andaluzas se habrían ganado por el PP en Madrid, con el apoyo de la mayoría electoral absoluta que tienen. Ahora, veremos si el error de Rajoy al conculcar derechos constitucionales no se vuelve contra él y resulta que en Andalucía van a gobernar el PSOE e IU. El peor escenario posible para la gente estamos a favor de… las medidas que se aprueban en el Real Decreto-Ley. Señor Rajoy, con las prisas ha corrido un riesgo innecesario que se volverá contra usted.
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