Este es el texto que se publicó en el diario “Expansión” el 15 de octubre de 2008:
Los mercados tienen una regla común en todas partes: la buena fe. Es un concepto difuso pero el alma de toda interacción humana. Esta regla es tan obligatoria en los mercados que la Ley reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a sus exigencias. La buena fe de un proveedor le obliga a no aprovecharse de quienes dependen de él económicamente: clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para el ejercicio de su actividad.
Creo que las entidades de crédito han sido desleales con el sector inmobiliario y que esa es la causa de su propia pena. Bancos y Cajas primero cebaron el mercado. En el año 2004 se formalizaron en España 1.505.427 hipotecas, por un importe total de 235.850 millones de euros. En el año 2005 se formalizaron 1.669.751 hipotecas, por un importe de 290.410 millones de euros. En el año 2006 se formalizaron 1.596.366 hipotecas, por un importe de 328.757 millones de euros. En las “antiguas pesetas”, 54,7 billones de pesetas de créditos hipotecarios sólo en 2006. El saldo vivo del crédito hipotecario creció en tasas interanuales superiores al 15% hasta diciembre de 2007 y llegó en julio de 2008 a 1.058.628 millones de euros. No importó que en 2007 el precio medio de las hipotecas por vivienda fueran 148.833 euros: la subida de precios, promovida por las entidades de crédito, que daban tanta facilidad para la compra con recursos ajenos, permitía créditos a cualquiera, a 40 años de plazo, aunque el inmueble fuera caro y el tipo de interés fuera a subir, porque gracias al exceso de crédito los precios del activo financiado se revalorizaban cada día. El boom inmobiliario no lo han hecho los promotores con capital propio sino con dosis de deuda bancaria del 80% en cada promoción.
Luego, de repente, se cerró el grifo. Cada uno pensará lo que quiera pero mi opinión es que se explotó la dependencia económica de los clientes −primero los promotores, luego también de sus compradores− los cuales no disponían de alternativa financiera para el ejercicio de su actividad. Y les pilló a todos en medio sin previo aviso. Esto es, me parece, desleal. Las innumerables tasaciones que pululan por ahí y que ya no valen nada, aunque sean del mes pasado, deberían haber hecho explícita una cláusula que en todas era tácita: esto vale tanto “salvo que la banca cierre el grifo”.
En los procesos de competencia desleal se invierte la carga de la prueba: es el demandado quien tiene que probar que actuó con buena fe. Esto no es un pleito sino un problema económico nacional pero, aplicando las leyes del mercado, a la banca corresponde probar que no fue ella la que abandonó a los promotores con la cerilla ardiendo en la mano y dejó al mercado inmobiliario sin referencias de precio, porque ha obligado de repente a replantear la financiación de todo un sector imponiendo el cambio brusco de financiación con deuda a financiación con capital y eso lo modifica todo. No sólo se ha dejado colgados a los promotores sino también a los compradores finales. En un mercado donde la clave del negocio de promoción está en la subrogación en la deuda bancaria, tiene particular dificultad la justificación de que no se está discriminando a los consumidores, una vez que se ha acreditado que de repente se han quedado sin crédito hasta los compradores de VPO, que ahora ni tienen con qué comprar ni pueden recuperar su señal, a pesar de que fueron incitados por los propios bancos a comprar a precios desaforados (por el exceso y facilidad de crédito), con tipos en continua alza y a plazos financieros que limitan con lo equitativo.
Debajo de esta actitud de las entidades financieras hay una crisis de supervisión y liderazgo de las autoridades económicas y reguladoras. Nadie se inmutó cuando las inmobiliarias se hundieron en bolsa. Ahora la banca, que las dejó caer, prueba su propia medicina. La diferencia es que los reguladores y supervisores corren alarmados, sólo porque lo hace toda Europa, a protegernos de un peligro que no existe. En España no hay ninguna crisis bancaria de que alarmarse. La crisis es sólo bursátil. Las bolsas de todo el mundo se han hundido porque la gente no se fía de las valoraciones inmobiliarias, imposibles de financiar con capital propio en vez de con deuda ajena, pero la solvencia de nuestros bancos es total. En España los bancos y cajas no corren el más mínimo peligro. Quienes lo corren son los inversores en bolsa. Pero a esos ¿por qué hay que salvarlos? ¿No invertían con riesgo? La cotización bursátil de los bancos era en 2003 aún más baja que hoy −porque todo el mundo se llevaba el dinero al ladrillo− y a nadie se le ocurrió decir que los bancos no eran solventes. Si los bancos valen cada día menos en bolsa, ese precio lo tienen que pagar los inversores, aunque sean el subyacente de sus planes de pensiones, no los contribuyentes.
Si en el interbancario tampoco hay confianza (porque no se quiere prestar a los que están apalancados en promoción inmobiliaria ) el remedio es el mismo: desde el momento en que se garantice la continuidad general del sector inmobiliario, que ha levantado la economía española durante años y que genera muchos empleos, la desconfianza recíproca entre entidades desaparecerá. Lo necesario es un nuevo modelo de crecimiento que vuelva a tener en cuenta el sector inmobiliario, no que lo deseche. Se trata de reformar, no de destruir. El pánico de la bolsa no se puede convertir en el pánico de la economía. Si, según el FMI, España en 2009 tendrá crecimiento negativo, será precisamente por la falta de actividad del sector inmobiliario y de las PYMES. El “cierre de grifo” ya ha pasado a las PYMES y, me temo, la actitud de las entidades privadas de crédito puede ser mucho más peligrosa aún: puede resultar mucho peor que el problema de financiación pase también a las eléctricas.
En mi opinión, si en España las entidades financieras privadas siguen cerrando el grifo, porque no se fían de la capacidad de sus clientes para devolver los créditos a los precios que ellas mismas han generado, para solucionar el problema lo que hay que hacer es financiar a las empresas para promover y a las familias para comprar. Lo que hay que hacer es replantear el mercado inmobiliario y de PYMES, generando una alternativa pública de financiación. Si los bancos son desleales al mercado, y lo destrozan, no hay que salvarlos, sino poner por obra la obligada subsidiariedad del Estado en el crédito. Si no hay crédito privado, será necesario resucitar la banca oficial: un nuevo banco hipotecario y un nuevo banco para la PYME. No basta con las subvenciones del ICO. Se trata de deuda, no de subvención. El dinero de todos ha de ser para salvar nuestro PIB, no para salvar la cotización de unos pocos que, como tienen nuestro dinero depositado, pueden permitirse el lujo de ser causantes de problemas.