Los inspectores y recaudadores cobrarán por objetivos. ¿Se respetará el Derecho?

De entre las genialidades que se le vienen ocurriendo al PP para recaudar más y hacer a la AEAT más productiva, lo último ha sido incentivar a los funcionarios para que, en vez de hacer su trabajo por amor a su función pública, que se supone es lo que les mueve, lo hagan por amor al dinero, esto es, “por objetivos”. Se trata de una medida imposible de compartir. En primer lugar porque, como dice el Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol: esto está ya más que inventado. Es el “complemento de productividad”, que desde 1984 (PSOE) es uno de los componentes salariales, y tal vez uno de los más importantes, del sueldo de los funcionarios. En segundo lugar, porque, precisamente porque ya existe, está archidemostrado que no funciona. En tercer lugar, porque eso de “cobrar por objetivos” sólo va a servir para que cobren más, no para que cobren menos. En cuarto lugar, porque los incentivos para el ejercicio de una función distorsionan la propia función, que acaba sirviendo al objetivo particular de cobrar más, en vez de al bien público. Fomentar la codicia es malo, como lo demuestran los incentivos que dio la Banca a sus empleados por dar hipotecas ruinosas, vender “acciones preferentes”, colocar a los clientes “salidas a bolsa en las que es imposible perder” o pagar sobresueldos por “resultados en el mercado de derivados”. Pero sobre todo porque incentivar a los inspectores que liquiden más deuda y a los gestores que recauden más, es fomentar el egoismo -enriquecerse más con el sueldo- justo donde hay que evitar todo egoismo y promover la ecuanimidad: en la actuación de los funcionarios, que ha de ser objetiva y sometida a Derecho. Lo que se comprende mucho mejor con un ejemplo: si a la Policía se le paga mayor sueldo por detener a más personas, y a los Jueces se les paga más sueldo por dictar más sentencias, en vez de simplemente exigirles que cumplan con su deber, lo que acaba pasando es que hay detenciones injustas y sentencias birriosas sólo para cumplir con el objetivo. Lo mismo pasa en la AEAT: que es jurídicamente injusto que las liquidaciones o la recaudación estén incentivadas. Para el final, lo peor: cualquier liquidación o recaudación realizada mediando incentivo a favor del funcionario que la suscribe o la autoriza, es nula de pleno derecho, porque no está garantizada la necesaria objetividad que proclaman y exigen la Constitución y las leyes. El PP, una vez más, por querer inventar la rueda, se está equivocando. 
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