
Glovo demuestra que en España, no sólo en el ámbito fiscal, sino en cualquier ámbito, toda Administración puede extorsionar a un súbdito, utilizando a sus funcionarios, abusando del principio de legalidad y de la ejecutoriedad, utilizando la lentitud de los tribunales para coartar la libertad de empresa con sanciones que la lleven a la quiebra. Todo esto, sin ninguna responsabilidad. Si luego, al cabo de años, los tribunales dan la razón al vasallo, al socialista de turno le da igual, porque a él no le va a pasar nada, aunque el Estado tenga que devolver 200 millones con intereses.
La culpa es de todos: del político, porque opera con criterios ideológicos. Del funcionario, porque no se planta ante el político. Del juez, porque tarda milenios en resolver. Y del legislador, porque sigue manteniendo los privilegios administrativos y procesales del Estado (no hay igualdad de partes) sin modificar el marcó legislativo para fomentar la inversión.
El siervo, eso sí, tiene «seguridad jurídica», la cual consiste en que, «si puede pagar costas, que recurra». Pero mientras, que se busque un accionista que le compre la empresa. Es exactamente lo que ha pasado aquí. Con perjuicio directo para los autónomos, que ahora tendrán que ser empleados y ganar menos. Para la empresa, que gastará 100 millones en crear un esquema de producción liberalizado, tanto si las sanciones son aluladas como si son confirmadas. Y para los contribuyentes, si tienen que devolver el dinero, con intereses. Veremos si los clientes son igual de bien atendidos ahora. Eso sí: la TGSS, a recaudar.